2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (II)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018.

Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de noviembre de 2018 ante la próxima modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT por transposición de la V Directiva, otras modificaciones y mejoras se encuentran:

  • Definición de potenciales nuevos sujetos obligados de la normativa preventiva, más allá del mínimo fijado por la Directiva que se transpone.
  • Definición de los requisitos y características del registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual a real y de monedero de custodia de claves privadas.
  • Sistema y características del registro o base de datos de titulares reales, relativo a personas jurídicas: Con el planteamiento de la fórmula más adecuada para la creación de este instrumento, mecanismos para garantizar que la información disponible es adecuada y es veraz, sistemas y plazos de actualización de la información y condiciones de acceso a la información y situaciones que justificarían la denegación de acceso.
  • Sistema y características del registro o base de datos de titulares reales, relativo a trust y figuras asimiladas: Con el planteamiento de la fórmula más adecuada para la creación de este instrumento, mecanismos para garantizar que la información disponible es adecuada y es veraz, sistemas y plazos de actualización de la información, condiciones de acceso a la información y situaciones que justificarían la denegación de acceso y si se debiera ir más allá de lo previsto en la Directiva y conceder acceso equiparable al previsto para las personas jurídicas.
  • Posibilidad de crear sistemas comunes para dar cumplimiento a las obligaciones de diligencia debida por parte de sujetos obligados que no pertenezcan al mismo grupo con las condiciones que deberían tener.
  • Posibilidad de la puesta en marcha de mecanismos adicionales que permitan una gestión conjunta de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con la determinación de funciones u obligaciones susceptibles de dicho tratamiento.
  • El régimen actual regula la responsabilidad de los sujetos obligados por el incumplimiento de la obligación de examen de sus procedimientos internos por parte de un experto independiente. Se plantea la cuestión de si debería establecerse la responsabilidad del experto externo en caso de que el contenido de los informes de experto externo no cumplan con los contenidos y criterios previstos en la Ley; y en caso afirmativo, en qué casos debería responder el experto externo.

Como posibles referencias de modificaciones hasta el momento aparecen publicados en la web de la Dirección General del Tesoro el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 10/2010 y el proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento de la Ley 10/2010 que estuvieron en audiencia e información pública hasta el plazo de 16 de enero de 2018.

Después de casi una década de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de PBC-FT y de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en Bonatti Compliance hemos elaborado un documento inicial donde exponemos una referencia a la situación normativa actual y a las modificaciones y mejoras que se proponen en la actualidad que redunden en una mayor efectividad de los mecanismos de prevención, con especial atención al desarrollo de las nuevas tecnologías y su potencial aplicabilidad a la función de cumplimiento.

Este documento se irá actualizando conforme vayan concretándose en anteproyectos, proyectos y legislación aprobada las modificaciones en la normativa de PBC-FT.

Si quieres leer nuestro anterior artículo relacionado, pincha en el enlace.

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